Jóvenes al Frente es una organización que trabaja desde el 2013, en sus comienzos, realizando denuncias contra la violencia institucional que practicaba el Estado Provincial en los barrios más vulnerables, más específicamente en Juárez Celman. En el año 2014 se presenta la problemática de vivienda y hábitat en dicha localidad y a partir de ahí la organización comienza a trabajar con las familias (alrededor de 300), que manifiestan la emergencia habitacional en todo el territorio de Juárez Celman.

En todos estos años, el Estado estuvo ausente frente a esta problemática. No existen políticas públicas, desde la provincia, orientadas a dar respuesta al déficit habitacional. Andrés Villalba, integrante de Jóvenes al Frente afirmó: “Desde el 2014 hasta el 1 de junio del 2018 la respuesta del Estado fue estar presente desde una lógica de represión, de estigmatización, de criminalización de la protesta, de no reconocimiento de los derechos humanos, de no reconocimiento de la ciudadanía, de constante violación a los tratados internacionales a los cuales adhiere nuestro país, de violación a la Constitución Nacional Argentina y a la Constitución Provincial que apelan al acceso a la tierra y vivienda por parte de todos los sectores.”

Imágenes tomadas por la Organización Jóvenes al Frente

El conflicto principal es la falta de una política de hábitat para las clases populares. Las familias estuvieron 4 años resistiendo el desalojo. Esto se agravó el primero de junio del año pasado cuando la policía provincial sin orden judicial, y en ausencia del secretario de seguridad social y del gobernador de la provincia (que no se encontraba en Córdoba), llevó a cabo un desalojo violento: les pasaron con topadoras por encima de las casas y a lo que quedaba de ellas, les prendieron fuego. Como consecuencia, las personas que vivían allí quedaron en la calle.

Imágenes tomadas por la Organización Jóvenes al Frente

Aunque la policía tuvo intención de llevar a las familias a la ruta, la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba intervino evitando que eso suceda, y lograron que se insertaran dentro de la capilla del barrio donde están conviviendo hasta el día de hoy; hacinadxs, unxs sobre otrxs, pero siempre mostrando una solidaridad ejemplar y un esfuerzo por sobrevivir. El gobierno aseguró a las familias que en 8 meses les entregarían 33 lotes, pero el tiempo transcurrió y la entrega jamás llegó.

En la capilla se formó una mesa de diálogo conformada por el Ministerio de Desarrollo Social, por la Iglesia Católica (dueña de la capilla), por la Facultad de Ciencias Sociales, y por la Mesa de trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, que actuaron como veedores para garantizar el cumplimiento de los acuerdos.. Esa mesa tuvo dos reuniones, pero el gobierno abandonó el diálogo, al igual que la iglesia que hace aproximadamente 5 meses, pidió a las familias que abandonaran el lugar.

En todo este trayecto la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos representada, en ese momento, por Tri Heredia (comunicación de la mesa), y Gustavo Tissera (integrante de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba), estuvo presente acompañando a lxs vecinxs, aconsejandolxs y conteniendolxs para que puedan salir adelante. “Muchos de los chicos que están ahí son estudiantes universitarios de una primera generación, osea que hay un enorme sacrificio de esa gente por insertarse en el sistema, para estar acorde con las necesidades; es decir que la comunidad que integra Parque Esperanza es una ejemplo es ese sentido, con espíritu de superación y resistencia”. Comentó Gustavo Tissera.

Luego de realizar varios reclamos, asambleas y festivales, finalmente el lunes 2 de septiembre las familias, acompañadas de la organización JAF, se reunieron con el gobierno provincial y lograron la firma la tenencia de posesión de 33 lotes. Estos serían divididos de manera que las 41 familias puedan acceder a ellos, es decir, que se realizó una distribución comunitaria en la que 19 de los 33 lotes serían compartidos por 26 familias, solucionando momentáneamente el problema habitacional.



Imágenes tomadas por la Organización Jóvenes al Frente

En palabras de Andrés Villalba: “Actualmente estamos trabajando con la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Arquitectura generando una construcción de hábitat popular con conciencia de saber cómo queremos habitar, donde queremos habitar y con quienes; y también trabajamos en conjunto con la Mesa de Derechos Humanos que nos aporta la lógica del ejercicio de la ciudadanía y nos ayuda a aumentar el piso de dignidad de cada una de las familias.”

La entrega de estas tierras significan un paso más para lxs vecinxs de Parque Esperanza. Después de años de lucha exigiendo que se reconozca el acceso a la tierra como un derecho, celebraron este paso. Hoy siguen luchando y su reclamo por una vivienda digna para todxs sigue vigente.