En ésta nota te contamos porqué se presentó tal petición, cuál es su situación actual y cuáles son las arbitrariedades que existieron en el proceso. Además indagamos qué hay detrás del convenio de seguridad firmado entre les amigues, Patricia Bullrich y Juan Schiaretti. Para ello conversamos con Carlos "Chuzo" González Quintana, abogado defensor de los Derechos Humanos y Gustavo Tissera, Presidente de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba.

Si volvemos casi exactamente un año atrás, estaría llegando a nuestros celulares o redes, un video que se volvió viral por su contenido (ya no tan) sorprendente. En el mismo se puede ver a un grupo de gendarmes subir al colectivo de la línea 22 en el Barrio Marqués de Sobremonte (Córdoba Capital). La escena parece de 1976: milicos de verde piden ilegalmente identificaciones y requisan -ilegalmente- las pertenencias de tode ciudadane en el colectivo. Pero la imagen es de Octubre de 2018 y la filmó una profesora que no podía creer lo que estaba viviendo en el transporte público. Los tiempos cambian pero las prácticas represivas no.

El video fue viralizado, reproducido y repudiado por miles de personas. Algunas pocas ya habían visto a gendarmería patrullar los barrios “calientes” de la ciudad, estigmatizados y definidos de ese modo por la Ministra de seguridad, Patricia Bullrich, responsable política de la doctrina Chocobar. Doctrina que tiene al gatillo fácil como política de Estado y a la impunidad como estandarte. Y otra gran mayoría de ciudadanes se enteraba -a través del video- que la misma fuerza de seguridad responsable por la muerte de Santiago Maldonado, ahora andaba entrometida en nuestras calles, en nuestros barrios y hasta en el transporte público. Gendarmería adentro. Derechos afuera.

Pero para entender mejor porqué les gendarmes vigilan y controlan a la población cordobesa más golpeada por la crisis como así también a las organizaciones, movimientos y sindicatos señalados por el ejecutivo nacional, hay que regresar nuevamente unos cuantos meses atrás. Con la excusa de la lucha contra el narcotráfico y ante una crisis cada vez más profunda e insostenible por las políticas neoliberales de Mauricio Macri y compañía, en el mes de abril del año pasado la ministra Bullrich firmó un convenio de “cooperación en políticas de seguridad” en conjunto con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. Ratificando así el Comité Conjunto de Seguridad Policial conformado en el 2017.

El supuesto objetivo del nuevo convenio consistía en realizar un mapa del delito semanal combinando recursos y fuerzas para combatir al narcotráfico y al robo a través de un Comando Unificado conformado por la Policía Federal, la Fuerza Policial Antinarcotráfico, Gendarmería, la Policía de Córdoba y el Servicio Penitenciario Provincial.

Aunque el verdadero objetivo de dicho convenio no es otro que garantizar la represión estatal, la persecución política y el control social sobre quienes nos pronunciamos en contra de las políticas de hambre, desocupación y violencia del gobierno nacional como también del gobierno provincial. El futuro llegó hace rato, Gendarmería también (y no precisamente para brindarle seguridad a les cordobeses).

He aquí un ejemplo conciso y actual para entender qué función cumple ésta fuerza en Córdoba: tan sólo unos días atrás, más de veinticinco gendarmes y decenas de oficiales allanaron la sede del histórico sindicato Luz y Fuerza, al igual que dependencias y domicilios particulares de sus dirigentes. Hace una semana los reprimieron y encarcelaron cuando ejercían su derecho a protesta contra la privatización de EPEC y hoy le siguen vulnerando sus derechos, persiguiendolos judicial y mediáticamente debido a sus reclamos y diferencias con el ejecutivo de la provincia. Queda más que claro para qué vinieron: reprimir selectivamente.

En estos raros tiempos donde la ley es violada e incumplida por quienes supuestamente tienen la función de hacerla cumplir, Chuzo Gonzalez Quintana sostiene que el convenio firmado es “parlamentariamente inconstitucional” debido a que “se firmó dentro de un despacho entre una ministra y un gobernador sin darle a la ciudadanía la posibilidad de expresarse a través de sus representantes naturales: les legisladores”. Por su parte, Gustavo Tissera señaló: “el convenio firmado por Bullrich y Schiaretti, es una flagrante injerencia sin tener en cuenta lo judicial. Nosotros preferimos encararlo por el lado de la justicia, para que tome asunto sobre este convenio firmado a espaldas de todo el pueblo”.

“En primera instancia se instala un discurso que genera primero una sensación de inseguridad en la ciudadanía, que es alertada por noticias alarmistas, y segunda instancia, ese discurso legitima la violencia institucional cuyo blanco siempre es aquel sector de la sociedad donde los derechos no llegan en su plenitud”, expresó Gonzalez Quintana. Y continuó: “así que sucedió lo que ya advertíamos: gendarmería nacional irrumpió en los barrios para llevar adelante operativos de control callejero, para luego ir por más y efectuar requisas ilegales en plena vía pública a la luz del día, dentro de transportes públicos como son los colectivos de línea”.

En éste sentido, la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba se autoconvocó en noviembre del año pasado después de escuchar a una de las víctimas de estos atropellos a las libertades ciudadanas. Allí se decidió presentar ante la Justicia un Habeas Corpus preventivo firmado por Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba, H.I.J.O.S. Córdoba y la Mesa de Trabajo en conjunto con los abogados Rafael Ortiz y Carlos González Quintana.

El Habeas Corpus presentado fue en primer instancia rechazado por el Juez de control Gustavo Hidalgo, e imposibilitaba la apelación contra esa medida arbitraria. Frente a esta situación, Gonzaléz Quintana afirmó: “la irregularidad del Juez Hidalgo consistió en privar a los actores de este hábeas corpus de la posibilidad de apelar su fallo. Toda vez que lo rechazó, fue sin la fundamentación razonada que se les exige a les administradores de la justicia”. El abogado agregó: “en este sentido acudimos ante la Cámara de Acusaciones de Córdoba con un recurso de queja”.

El reciente 13 de agosto el recurso de queja fue admitido por dicha Cámara, quien ordenó al Juez Hidalgo que conceda la apelación a los organismos de DDHH. Una buena entre tanta peste financiera y social impuesta por el mejor equipo en los últimos cincuenta años. Pero: ¿Qué significa esta medida?. “En este sentido estamos esperando que se fije fecha de una audiencia pública, para que de forma oral se planteen los agravios y se exponga la nómina de derechos conculcados en estos procedimientos ilegales de gendarmería en territorio cordobés”, respondió el abogado defensor de los Derechos Humanos.

El juez de control Gustavo Hidalgo tendrá que fallar nuevamente sobre el hábeas corpus presentado. “Un fallo a favor nuestro -supuso Tissera- sería muy relevante dado que debería revisarse toda la política en materia de seguridad”. En la misma línea, “Chuzo” añadió: “un fallo favorable que admita el habeas corpus preventivo no supone en sí la revocatoria del convenio firmado pero sí marca un límite por sobre el cual no pueden avanzar y es que resulta ilegal controlar a un ciudadano que camina o transita libremente por las calles sin orden de un juez competente o sin que haya cometido delito”.

Vale recalcar en primer lugar que la principal inseguridad que sufre el pueblo argentino es alimentaria. Paradójicamente el país que provee alimento para 400 millones de personas, tiene -según el INDEC- a más de quince millones de ciudadanes en situación de pobreza, sin una alimentación digna, en su mayoría niñes y mujeres. Estas políticas dictadas por el FMI y ejercidas a rajatabla por el gobierno de Mauricio Macri van en detrimento de la calidad de vida de las grandes mayorías a costo de más vulnerabilidad de derechos, precarización e informalidad.

En segundo lugar, la vieja y conocida receta de la derecha: “más milicos = más seguridad” , es una falacia por donde se la mire. “Sólo se busca transformar un servidor público, como puede ser un policía o un gendarme, en un asesino. Y en esto estamos en total desacuerdo”, remarcó Tissera. Y los resultados están más que a la vista: según CORREPI, el gobierno de cambiemos tiene más muertes que días de gestión, 1206 personas han perdido su vida a mano de las distintas fuerzas de seguridad en 1112 días de gestión. Una política planificada y apoyada por una ministra que manifestó que "disparar o no por la espalda depende de la situación” y con su cinismo “republicano” agregó: “es un detalle que no se puede analizar".

La militarización del espacio público (léase invadir de canas cada rincón) nos jode a todes. Lejos de generar seguridad, sólo produce miedo, inseguridad y violencia. Tenemos derecho a andar por dónde se nos cante, con quien cante y sin tener que darle la identificación o nuestras pertenencias a ningún gendarme. Ni de dónde vengo, ni a dónde voy. Ni si trabajo o estudio. Sólo respondemos: más presupuesto en educación y salud, antes que más balas y más gendarmes ortivas caminando nuestras calles, asesinando a pibes, persiguiendo a los pueblos originarios, a los gremios, partidos, organizaciones (territoriales, ambientales, feministas) disconformes y combativas, a la comunidad LGTBIQ, a les consumidores de marihuana y a todo eso que en otra época los represores catalogaban como “subversivo” pero ahora conforma(mos) el “enemigo interno”. Mientras tanto, al verdadero enemigo interno Patricia Bullrich, le seguimos cantando: acá estamos les subversives y cada vez somos más.